El último reporte del Índice de Confianza en la Justicia (ICJ), elaborado conjuntamente por la Universidad Torcuato Di Tella y FORES, arroja una luz de esperanza en un contexto social frecuentemente marcado por el escepticismo. Durante el segundo semestre de 2025, la confianza ciudadana en el Poder Judicial alcanzó los 52,4 puntos, lo que representa un incremento del 10,3% en los últimos dos años. Esto refleja una tendencia sostenida que aleja a la institución de sus mínimos históricos y sugiere que, tras la reanudación de las mediciones en 2023, el sistema está logrando reconectar con la sociedad.

Esta recuperación se asienta sobre dos pilares fundamentales: la disposición de los ciudadanos a acudir a los Tribunales y la percepción de la calidad del servicio. Esto está impulsado principalmente por los jóvenes y personas con estudios universitarios. Que las nuevas generaciones y los sectores más formados vean en la Justicia el camino natural para resolver conflictos delictuales o patrimoniales es una señal de salud democrática.

Este fortalecimiento ocurre en un momento de especial sensibilidad social, donde la credibilidad de las instituciones es el único antídoto contra la anarquía y el descontento. Es imperativo que la sociedad crea en el Poder Judicial para garantizar la paz social. Los datos demuestran que quienes efectivamente han utilizado el servicio de Justicia están dispuestos a volver a hacerlo, un voto de confianza directo de los usuarios. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, junto con las Facultades de Derecho, lideran este ranking de confianza. No obstante, si bien la percepción de honestidad e imparcialidad viene mejorando, todavía se mantiene en niveles críticos por debajo del 20%. El informe es claro al señalar que no se buscan reformas abstractas o cambios de nombres, sino transformaciones tangibles. La sociedad exige con urgencia una menor interferencia de los poderes políticos y económicos (40%), menores demoras en los juicios (39%) y una mejor capacitación de los magistrados (38%). Estas son las deudas pendientes que el sistema debe saldar para que el acudir a la Justicia deje de ser un acto forzado por la necesidad y se convierta en una elección basada en la seguridad jurídica.

Resulta fundamental destacar el rol de la transparencia. El hecho de que la ciudadanía identifique la necesidad de procesos judiciales más abiertos es un llamado a la modernización que no puede esperar. Un Poder Judicial robusto y transparente es el único árbitro capaz de garantizar la igualdad ante la ley. La mejora registrada en este semestre debe ser interpretada como un mandato: la sociedad está dispuesta a confiar, pero esa confianza debe ser alimentada con resultados concretos, eficiencia y, por sobre todo, independencia absoluta de las presiones externas.

Así, la Justicia argentina está dejando de ser percibida como un ente ajeno y oscuro para empezar a mostrarse como una herramienta útil para el ciudadano común. Corresponde ahora a los integrantes del sistema judicial -jueces, abogados y funcionarios- honrar este incipiente crédito social redoblando el esfuerzo por la transparencia y la celeridad. Solo así lograremos que la confianza deje de ser una estadística de recuperación para convertirse en un activo inamovible de nuestra democracia.